Fallo inédito en Entre Ríos
Se establece el total del Índice de crianza para la cuota de una niña de 10 años ante el incumplimiento alimentario del progenitor y reconoce a los abuelos paternos como responsables subsidiarios, según lo establece la ley en Argentina.
El 19 de septiembre en Paraná, Entre Ríos, la jueza de Familia nº 4, María Victoria G. Andrián sentó un precedente fundamental en la provincia para los tiempos que corren. Resolvió establecer el 100 por ciento de la Canasta o índice de Crianza, que estipula todos los meses el Indec, como piso de la cuota alimentaria que deberá pagar un progenitor ausente e incumplidor a su hija de 10 años. La demanda de Diana Deharbe fue un proceso de años con la tutela de la Dra. Andrea Saxer y el Dr. Gabriel Borgetto.
“La cuestión no puede ser abordada de forma aislada ni meramente
(Textual sentencia)
patrimonial, sino que exige una lectura integral del derecho de familia
contemporáneo, en diálogo con el marco normativo interno y
supranacional, en especial cuando —como en este caso— confluyen
factores de vulnerabilidad social, la presencia de una niña con
necesidades básicas insatisfechas, y antecedentes de violencia de género
contra la madre, que no pueden ser soslayados.”
El fallo establece, por primera vez en esta provincia, un nuevo valor para el cálculo del quantum alimentario, al reivindicar el índice de crianza (IC) deja de lado el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) , monto más que insuficiente y seriamente discutido. Asimismo, recurre a la figura legal de responsables subsidiarios hacia los abuelos paternos en caso del no pago del demandado, con un valor de retención menor en el caso de los familiares, pero como medida acorde a lograr el cumplimiento.
”…la subsidiariedad no debe ser entendida como una cláusula de exclusión,
sino como un principio de solidaridad familiar intergeneracional que
asegura el cumplimiento del derecho alimentario”
Esta sentencia de la jueza Andrián incorpora perspectiva de género en todo su escrito y reconoce que no se puede menospreciar el hecho de la violencia de género sufrida por la demandante, además de la ausencia del demandado a sus obligaciones parentales para con la hija en común.
“Relata su historia con el accionado, remarca los momentos de violencia vividos y la falta de toda dedicación -económica, afectiva y presencial- del progenitor. Sostiene que XXXX está a su exclusivo cargo y que los gastos que la niña tiene en su cotidianidad los asume unilateralmente.” (*textual de sentencia, se borra el nombre de la menor para proteger su identidad)
“Surge de la narrativa coherente, reiterada y no controvertida de la
actora -avalada además por prueba producida en autos- que su vínculo
con el progenitor estuvo atravesado por episodios de violencia, que si
bien no constituyen el objeto central del proceso, resultan fundamentales
para contextualizar el abandono afectivo, económico y parental del
progenitor, y el impacto desproporcionado que ha recaído sobre la madre,
quien ha sostenido en soledad la totalidad de las responsabilidades de
crianza.”
Lo novedoso del Índice de crianza
Fue creado por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández y se presentó el 8 de marzo del 2023 para el “Día de la mujer”.
Es una herramienta innovadora porque establece el costo de vida mínimo de un hijo o hija para el cálculo de la cuota alimentaria, teniendo en cuenta bienes y servicios básicos pero con la perspectiva de las horas de cuidado, que tienen un costo real. La idea es ahorrar, en las demandas judiciales por cuota alimentaria, el proceso de tener que demostrar con tickets los gastos de un hijo o hija. Además, se acerca más a la realidad cuando la mayoría de las sentencias del país tomaban como medida el SMVM (salario mínimo vital y móvil) que está por debajo siempre y no toma en cuenta muchos factores de desigualdad como el tiempo limitante de cuidar a los y las hijas.
Ver valores: indec
El IC (Índice de crianza) es un instrumento disponible a nivel nacional pero fue la provincia de Buenos Aires, a través del empuje del Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad, quien tomó la posta y lo hizo ley provincial.
Siguió Santa cruz con la aprobación de una ley que permite construir el propio valor de índice de Crianza, gracias al trabajo conjunto de la diputada Rocío García y la abogada Sabrina Cartabia. MA apoyó y acompañó ese proyecto hasta lograr su sanción.
Pero en el resto de las provincias de Argentina, la enorme problemática de la violencia de género por incumplimiento alimentario y los valores irrisorios que estipulan jueces y juezas, la incobrabilidad de los deudores, es una deuda escandalosa con las madres y niñeces.
“…siento que el fallo viene a ampliar derechos en la provincia pero que aún falta mucho por hacer. Con mi equipo jurídico, encabezado por la Dra. Andrea Saxer y el Dr. Gabriel Borgetto, a quiénes quiero agradecer el acompañamiento incondicional de estos años, coincidimos siempre en señalar que Entre Ríos necesita una nueva ley de alimentos…” (Diana Deharbe)
La historia de Diana
Diana Deharbe es Doctora en Comunicación, docente y becaria Conicet, actualmente fuera del organismo por las políticas de exclusión del gobierno nacional. Integra la Comisión directiva de MA (Monomarentales Argentina) como tesorera y fue la primera activista en realizar un Tendedero de Deudores Alimentarios en la provincia de Entre Ríos. En esta entrevista nos resume lo vivido y lo que significa este fallo:
- ¿Cuántos años de criar sola?
Crío sola desde el primer día de la separación de hecho con el progenitor violento, hace más de 8 años. Como la gran mayoría de las mujeres, me separé por violencia de género y desde entonces, sufro de violencia económica y patrimonial.
- ¿Qué te hace sentir esta sentencia?
Una pizca de justicia, una mezcla extraña de satisfacción con decepción.
Después de siete años, varias mediaciones de por medio, audiencias fallidas, faltas de respuestas, idas y vueltas burocráticas; siento que fui escuchada por el poder judicial y que se hizo justicia, en especial, porque la jueza accedió a otorgar el 100% de la canasta de crianza, algo inédito en la provincia. Pensemos que, hasta mi fallo, por práctica judicial la cuota alimentaria se calculaba en base al salario mínimo, vital y móvil como piso máximo del quantum alimentario. Digo máximo, porque la mayoría de las sentencias judiciales establecen cuotas alimentarias en un rango del 30 al 50% de un SMVM; conseguir el 100% del salario es cómo una medida extraordinaria. En este sentido, pasamos de un piso mínimo de 322.000 pesos a 548.636 pesos mensuales, actualizables mes a mes. Ahora bien, el problema sigue sin resolverse, la justicia toma estos valores como el tope máximo que las madres podemos reclamar en materia de cuota alimentaria, ¿quién realmente cree que se puede criar a una niña con ese monto en el contexto actual, con aumentos semanales en servicios, alimentos, transporte y ni hablar de los costos de un alquiler?
Ese es, justamente, uno de los puntos flojos del índice ya que no contempla el costo de los alquileres a sabiendas que, la mayoría de las mujeres en mi situación no tenemos casa propia ni trabajos estables.
Cuando digo que siento decepción es porque sé que el progenitor no va a pagar y la justicia y el Estado poco harán por obligarlo a cumplir con la sentencia judicial. En mi caso, el deudor es monotributista y salvo que pague de manera voluntaria, no hay forma de cobrarle, sólo nos queda como opción poner a funcionar los escasos mecanismos de disciplinamiento con que contamos las mujeres en estos casos: pedir inclusión en el RADAM (Registro de deudores alimentarios morosos) y otras medidas que, en lo cotidiano, son maquillaje que no resuelven el problema de fondo. Al final del día, la única persona adulta que sigue velando por una crianza en condiciones dignas de mi hija soy yo.
¿No te parece un contrasentido que una mujer que está pidiendo alimentos para sus hijas e hijos tenga que pagar sellados, tasa de justicia, cartas a documentos o endeudarse en préstamos para notificar al deudor? En este sentido, yo entiendo porque muchas mujeres deciden no judicializar el asunto y agachan la cabeza, un proceso de reclamo alimentario se convierte en una agonía, donde lentamente el sistema garantiza la impunidad del deudor y te desangra en procesos, tiempos y en ganas de vivir.
- ¿Cuando entendiste que tu lucha es política?
Siempre lo supe. Hay un dicho que dice que una se vuelve feminista con su propia historia y es así, yo nunca lo dudé. Admito que he flaqueado a veces y que he querido dejar todo atrás, fingir demencia, como dicen hoy en día, pero no se puede. Pero si me preguntas por un momento de clivaje, fue cuando me sume al primer tendedero de MA y las conocí a mis hermanas de lucha y entendí que no sólo me pasaba a mí, que éramos muchas luchando por separado.
- ¿Qué te gustaría lograr desde la Asociación civil?
Primero, creo que necesitamos una nueva ley de alimentos en todo el país, una ley que contemple los costos reales de criar a una persona, que efectivice el índice de crianza y que establezca procesos más ágiles y menos costosos para las mujeres y esto no se logra sin políticas públicas. Creo que ese es el horizonte más próximo de MA, ser un faro para pensar políticas públicas de cuidado que pongan el foco en las infancias y en las madres o personas cuidadoras.
- ¿Qué les decís a otras madres pasando por lo mismo ahora?
Que tejan redes de cuidado, con la familia, las amigas y los amigos, los compañeros de trabajo, que pidan ayuda, que se animen a contar lo que les está pasando, a ponerlo en palabras, sin vergüenza y sin miedo porque no están solas, somos muchas atravesando por lo mismo. Imaginate que hasta mujeres famosas como Cazzu, la artista, están visibilizando su situación en cada escenario y en voz alta. Porque la vergüenza tiene y debe cambiar de bando, si callamos, le damos poder e impunidad al violento. Y que no pierdan las esperanzas, que se animen a romper con los modelos anacrónicos y violentos de familia y de maternidad con el que fuimos educadas y construyan la familia y la maternidad que las haga felices.
Ver: cazzu y las MA
- ¿Querés dejar un mensaje para el poder judicial y la sociedad ?
El poder judicial, abogadas y abogados, necesitan mayor capacitación con perspectiva de género para dejar de considerar al proceso de alimentos como un conflicto de partes, algo privado y empezar a verlo por lo que es, un problema social de orden público donde el Estado tiene que intervenir para velar por los derechos de las infancias, principalmente. Necesitamos una justicia realmente restaurativa para las mujeres que estamos en esta situación, sentencias que consideren y condenen la violencia de género y la violencia vicaria, que la incorporen al marco legal vigente, violencia que está totalmente invisibilizada.
Necesitamos trabajar en un cambio cultural para que la sociedad, en especial los varones, rompan el pacto de silencio con sus pares y empiecen a condenar a los deudores de su entorno, sea quién sea. Por eso, yo ya no tengo ningún obstáculo en dar el nombre y el apellido del deudor porque, para la justicia de Entre Ríos, Leonardo Daniel Tolaba es un delincuente. Y lo es también para la justicia de Salta, donde cumplío condena penal por violencia de género.
En este sentido, siento que el fallo viene a ampliar derechos en la provincia pero que aún falta mucho por hacer. Con mi equipo jurídico, encabezado por la Dra. Andrea Saxer y el Dr. Gabriel Borgetto, a quiénes agradezco el acompañamiento incondicional de estos años, coincidimos siempre en señalar que Entre Ríos necesita una nueva ley de alimentos que mire las necesidades de las mujeres que criamos solas y que vele por nuestros derechos y el de nuestras hijas. Una ley que agilice los procesos, que ponga plazos más inmediatos, que permita la notificación electrónica, que establezca un quantum alimentario acorde a la realidad, que escuche a los niños y niñas inmersos en el proceso, en especial, en materia de régimen de cuidados y comunicación.
Si queremos avanzar, la sociedad tiene que empezar a condenar al adulto varón que abandona a su buena suerte a sus hijas e hijos, condenando a la mujer a la pobreza y la exclusión. Tenemos que avanzar en una legislación que condene el abandono paterno, como en Chile y en políticas públicas que resguarden a las infancias y a las mujeres madres, el cuidado tiene que ser un derecho humano incluído en la normativa interna del país.